Lo que nunca se contó de “El Algarrobico”
Crónica de una muerte anunciada
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Carboneras, municipio de la provincia de Almería –Andalucía-, situado en la comarca del Levante Almeriense, con poco más de 7.500 habitantes, pasará a la historia, no sólo por sus espectaculares playas y su orografía marítima, sino por haber albergado uno de los hoteles más famosos jamás inaugurados en la zona conocida como El Algaborrico.

Según ha dictaminado recientemente el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento de Carboneras debe modificar su normativa urbanística para cambiar la clasificación del suelo en el que se ubica el referido hotel.

Sentencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de julio de 2016 por el que (i) se revocó el acuerdo del Pleno municipal de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, exclusivamente en lo referente al Sector S-T1, conocido como Algarrobico, y el Sector S-T2, el Canillar, y (ii) se dispuso que dichos terrenos debían figurar en el Plan General de Ordenación Urbana como Suelo No Urbanizable, al reunir las condiciones necesarias para gozar de la calificación de zona C1 o área ambiental protegida del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La Sentencia llega poco después que el propio Ayuntamiento de Carboneras anunciara que iba a iniciar los trámites para adaptar sus normas urbanísticas al grado de protección ambiental asignado a los terrenos que componen ambos sectores.

Dicha actuación municipal, no obstante, no ha sido suficiente para evitar la contundente decisión del Tribunal Supremo recientemente publicada, la cual considera que la corporación local carbonera procedió a la conversión de sus antiguas Normas Urbanísticas de 1997 en Plan General de Ordenación Urbana sin tener en consideración que, aunque en aquellas normas los dos sectores concernidos estaban clasificados como urbanizables, en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de 2008, constituían suelo protegido.

Por dicho motivo, según se establece en dicha Sentencia:

Sentencia TS 19-Abril-2018A este debió de adaptarse el acuerdo, como, por otra parte, había ordenado el Decreto 26/2009, de 3 de febrero, por el que fue aprobado el Plan de Ordenación Territorial del Levante Almeriense

En este sentido, la Sentencia ratifica la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que se hacía expresa referencia a que la clasificación de los terrenos que comprendían el Sector ST-1, denominado El Algarrobico, declarando que dichos terrenos debían estar incluidos en la zona C1 del Parque Natural, zonificación que era la existente en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de 1994, y que conlleva que dicho ámbito deba ser considerado Área Ambiental Protegida de conformidad con la normativa ambiental de Cabo de Gata-Níjar.

En conclusión, se hace evidente la prevalencia del Plan de Ordenación de Recursos Naturales sobre el planeamiento urbanístico “y no al revés”, como pretendía el municipio carbonero, circunstancia ésta que, lamentablemente, ya fue dictaminada de forma contundente por el Tribunal Superior de Justicia Andaluz.

Próximos pasos

En el sentido que ya me he pronunciado en otras ocasiones, en este caso ha primado, no sólo la legalidad, sino también el sentido común. A todos nos pareció, siempre, una aberración urbanística la construcción alzada en una zona de tan altísimo valor ecológico.

Ahora toca lo más difícil de todo:

1 Restablecer la legalidad urbanística y, lo que ello conlleva, el derribo de la edificación y la adopción de las medidas correctoras que sean necesarias para facilitar la pronta recuperación del espacio que ésta ocupa.

2 Afrontar una más que probable reclamación por responsabilidad patrimonial contra las Administraciones Públicas que en su día tramitaron y aprobaron el planeamiento urbanístico que posibilitó el otorgamiento de las licencias de construcción de tal semejante construcción.

Esperemos que, casos como el descrito, tiendan a desaparecer puesto que, al fin y al cabo, el daño causado, tanto al medio natural como al promotor afectado, lo pagamos todos.

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